Bitácora Americana

No conozco palabras para la destrucción que causa la naturaleza en un cementerio y, hasta hace una semana, tampoco buscaba palabras para el efecto que causa esa destrucción en las almas, los sentimientos y la memoria. Las busco ahora que el terremoto en Chile del verano 2010 obliga a reparar y reubicar dañados nichos y tumbas en el Cementerio General de la ciudad, conmoviendo, de paso, nuestro pasado y nuestra memoria.  De visita en Concepción, una repentina  enfermedad de mi hermano dejo esta tarea en mis manos.

La joven y amable funcionaria está a cargo del proyecto de reubicar los difuntos infantiles de nichos dañados por el terremoto. Se muestra aliviada de ver por allí a otro pariente de una de esas almas ahora a su cargo. Le ha tocado cuidarlas y defenderlas frente a la destrucción de la naturaleza y también del olvido, me doy cuenta ahora. Definitivamente se involucra en esta dimensión intangible de su labor de restablecer los hilos de parentesco en torno a estos muertos que, en el silencio del cementerio, han sufrido por los efectos del terremoto. Le toca a ella restablecer los lazos de estas dos dimensiones.  De estos pequeños difuntos con sus parientes actualmente en vida.  A muchos, el terremoto los ha sacado del olvido con sus registros e historias casi olvidadas, dándonos ocasión, en tiempos que ellos no alcanzaron a vivir, para renovar nuestro amor por ellos y acompañarlos en un nuevo traslado.

Cual larga pared en una perspectiva de De Chirico el muro que sostuvo unos novecientos nichos perpetuos fue dañado por el terremoto: han quedado expuestos al riesgo de los frecuentes temblores. Muchos son nichos infantiles. Entre ellos, el nicho de Fernandito, un hermanito fallecido en 1950, al año y medio de vida. Al conversar sobre las opciones observo el empático proceder de la encargada en medio de tan singular misión. Conversamos de las biografías de los difuntos parientes que ahora hay que reagrupar.

Algunas almas que descansan allí a perpetuidad también deben ser reubicadas prontamente. Tras el terremoto, al revisar el registro del nicho del hermanito descubren los datos de otra criatura nacida veinte años antes, en 1930, y que vivió un mes y seis días. Comparten el nicho desde hace sesenta años. Ya no hay nadie que sepa, de primera mano, por qué está allí, escondido, sin su nombre en aquel pedacito de mármol de letras borrosas donde mis padres dejaron inscrito ‘A Fernandito Durán Bravo… abril de 1950’.

Fernanda, es el nombre de la funcionaria a cargo, me dice que es señal de consanguineidad. Creo sin embargo que en éste caso, eso es improbable. El pequeño tiene nombre: Juan Luis Schower Vildósola. Cualquiera haya sido la razón de su trasladado al nicho de mi hermanito, la respeto:  Juan Luis permanecerá protegido por la perpetuidad del nicho de mi hermanito. Pero quedo con una gran inquietud por esa difunta criatura que ha permanecido olvidada, escondida en su anonimato, por tantos años, tantos como los de mi propia vida.

De regreso en la ciudad intento saber acerca de su familia. Si tuviera parientes, tal vez ellos debieran saber de su existencia. Hora de que alguno de los suyos piense en él. El Registro Civil de Concepción facilita esta pequeña búsqueda, las funcionarias se conmueven. El libro de Nacimiento y el de Defunciones lo registra en la letra S, año 1930: como Juan Luis Schorwer Vildósola. Una funcionaria del registro trae otro libro donde aparecen los nombres de sus padres, Luis Humberto Schorwer y Olga Marina Vildósola de Schorwer.

Por extraña coincidencia la dirección de familia que señala el libro de defunciones corresponde a la misma calle de la oficina del registro civil, al salir me doy cuenta que está al frente, basta cruzar la calle. Pero ese número ya no existe, la numeración se lo salta. ¿Presagio del olvido? ¿Cuál de los terremotos habrá destruido la casa de su familia? ¿El de 1939 o el de 1960?

Busco en el directorio y consulto por teléfono a personas de ese apellido y afortunadamente doy con Johana: me dice que ha escuchado nombrar a los Schorwer Vildósola. Un apellido de origen español, inicialmente Shower. Me llama de vuelta tras conversar con su padre y me deriva a un pariente más cercano de Juan Luis.

Don Moisés me indica, categórico, que es error del cementerio, que él recuerda que ese niño fue sepultado en el lugar de los Schorwer. Pero se da cuenta de que las edades no concuerdan, escucha mi breve relato y agradece el gesto. Me señala que en aquellos años los Schorwer Vildósola se fueron a vivir a Santiago.

Espero que un pariente de Juan Luis decida retomar los hilos de su parentesco.

Con los días he llegado a creer una versión con menos incógnitas. Juan Luis nació en 1930 y vivió un mes y seis días, según consta en sus registros. Tuvo su propia tumba que venció en 1940. Probablemente un gesto humanitario lo trasladó en 1950 al nicho de Fernandito, asegurándole un resguardo perpetuo pero anónimo. Es también probable que – al contrario de mi primera versión – mis padres no supieran de él.

Imagino que en aquellos años, ese mismo gesto humanitario se preocupó de salvar a otros pequeños difuntos poniéndolos juntos a otros tan pequeños como ellos pero de nicho perpetuo. Sus nombres no figuraron en los nichos pero sus nuevas ubicaciones también quedaron registradas en los libros del cementerio.

Me quedan preguntas inquietantes acerca del olvido. Durante sesenta años Juan Luis estuvo anónimo, casi escondido. No sé si sus parientes cuidarán su memoria o si el olvido ganará. Ahora que nosotros lo acogemos empiezo a entender que el terremoto nos ha dejado para siempre a esta criatura que ha acompañado a mi hermanito durante sesenta años.

A Fernanda, que los cuida en estos días, tras el terremoto.

Arturo Durán, Recreo, Agosto de 2010.

“La Iglesia no nos quiso escuchar” la frase es de Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y resume el problema de la petición de Indulto Bicentenario presentada esta semana por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica al Presidente Sebastián Piñera. Por otro lado, incorpora sin embargo a la “mesa para todos” del indulto a militares condenados en casos de derechos humanos.

En Chile, como en toda sociedad moderna, la actitud hacia los derechos humanos es definitoria de esta calidad y el respeto hacia esos derechos forma su base. Cuan complejo es el asunto por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura lo muestra el debate abierto por esta situación: por primera vez en una petición de indulto de la Iglesia, ésta incluye militares condenados por crímenes de esa naturaleza. Y  ocurre a sólo días del reciente fallo de la justicia en el caso del general Carlos Prats. Que personeros de derecha abogen por indultar a los militares que cumplen condenas - hace ver que una parte de la derecha aún no elabora el significado de los crímenes de lesa humanidad. El consenso base acerca de los DDHH adolece entonces de esa vulnerabilidad. Es un asunto que debiera generar un mayor debate.

Hace evidente cuan vital es para Chile ( y para todo el continente), la defensa de los DDHH. La justicia para los casos de derechos humanos son y serán aún por muchos años asunto sustantivo para el país. En la actualidad las situaciones más críticas en este ámbito, pero aún no reconocidas como tales por la opinión pública, suceden por el impacto de las políticas del Estado hacia las reivindicaciones de comunidades mapuches.

En algún momento de la vida en nuestra democracia post- Pinochet, el legado del facismo y del integrismo criollo, que en los años de la dictadura convivió con el poder y defendió o encubrió desde la prensa sus horribles crímenes, dio paso a versión más democrática de una derecha que ha logrado emparentarse con la democracia en un proceso complejo que, por lo demás, hizo posible la evolución política del país en las dos décadas de gobiernos concertacionistas. El único asunto pendiente verdaderamente sustantivo de ese legado de crímenes de lesa humanidad son estos déficits observables aún en la cultura de DDHH de esta derecha religioso-integrista. Aparecieron en sus adhesiones a favor de Pinochet cuando el dictador estaba aún en vida y enfrentaba la justicia y aparecen también ahora en declaraciones de sus representantes a favor de los militares condenados. El caso reciente del embajador de Chile en Argentina, que impactó a la opinión pública argentina y chilena por su defensa de la dictadura ilustra la resiliencia de esa ideología. Que se manifiesta también en la prensa, por ejemplo, en el apoyo editorial de El Mercurio (diario que en dictadura ilustró totalmente al facismo chileno) a la idea de no discriminar civiles de uniformados en este indulto.

El tema del facismo es pertinente: explica la crueldad y los horrores de los crímenes de lesa humanidad: seres humanos destrozados, torturados, desaparecidos. El exterminio permite reconocer la huella del facismo en la historia moderna de la humanidad, en la primera mitad del siglo XX en Europa, en la segunda mitad de siglo en América Latina. Por lo cual es inquietante que la justicia de los casos de crímenes de lesa humanidad forme una dimensión aún vulnerable de la sociedad chilena como lo muestra la incapacidad de terminar con la Ley de Anmistía. Desde el reciente fallo en el caso del general Carlos Prats, en que se caracterizó drásticamente a los uniformados involucrados de asociación ilícita para el terrorismo no cabe duda legal. La reacción del Comandante en Jefe del Ejército, acorde al fallo, también ha sido de drástico rechazo al crimen y a quienes estuvieron involucrados. En este contexto la actitud de la Conferencia Episcopal es difícil de entender y señala más bien un retroceso en su entendimiento jurídico de la situación.

Tomó varias décadas a la sociedad alemana restablecer la verdad y conmemorar las numerosas - fueron millones - víctimas del nazismo. Pero en algún momento de la década de los ochenta se empezó a observar muestras generalizadas de ese proceso: monumentos recordatorios dedicados a la memoria de los vecinos víctimas del Holocausto, con sus largas listas de nombres, donde los vecinos de hoy dejan flores. Señales de una sociedad que toma en sus manos, sin relativismos, la conmemoración de los sufrimientos y horrores vividos por las víctimas. Y que superan así las ideologías o prejuicios que le habían impedido reconocer los crímenes como tales.

Es probable que a la sociedad chilena y a sus historiadores le tome aún décadas reconocer la magnitud del horror de los crímenes de la dictadura de Pinochet. Pero mientras tanto, es importante que por lo menos la justicia siga trabajando en su esclarecimiento. Sobre todo, en el caso de los detenidos desaparecidos. Por nombrar a uno – a Miguel Woodward – cuyos parientes siguen buscando incansablemente sus restos. Dicen que estuvo detenido en el recinto de la Universidad Santa María. Esos días y horas de su detención en la universidad yo vivía a sólo unos metros de allí. Cada vez que leo acerca de él, de los avances de la justicia en su caso, de la incansable búsqueda de sus restos y del silencio de los responsables y de la Marina – recuerdo esa cercanía. Sin saberlo, fuimos vecinos.

La Conferencia Episcopal se equivoca al apresurarse a solicitar clemencia para militares cuando aún queda mucha justicia por hacer. ¿Qué pasa con esta Iglesia Católica contemporánea que muestra debilidad allí donde antes mostraba fortaleza? Todavía el horror y el dolor de los crímenes y la poca justicia marcan estos hechos. Por eso tiene sentido la declaración del juez Milton Juica, presidente de la Suprema, de que indulto y amnistía no corresponden en democracia. Declaración que nos recuerda, que aún está pendiente terminar con aquella ley de amnistía – como por lo demás ya lo han hecho nuestros vecinos.

En el punto 4 de la sección III, el documento del episcopado señala sucintamente:

“No sería completa la “mesa para todos” si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar. Es un tema que debemos poner sobre la “mesa de todos” para conversarlo con la seriedad que corresponde, especialmente en el Parlamento de la República. No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo uniformado condenado. La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de la libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos.” (Página 4 del documento).

Con la incorporación de militares condenados por delitos de derechos humanos, que han cometido crímenes atroces contra seres humanos prisioneros que sufrieron en sus manos inimaginable horror y sufrimiento, la Iglesia Católica ha cometido el error de no haber escuchado en esta ocasión a los familiares de las víctimas. Cuando la justicia ha sido generosa con los condenados, al aplicar medias prescripciones allí donde incluso esto no es permitido por tratados internacionales en crímenes de lesa humanidad y donde la misma justicia demoró décadas en cumplir su tarea. La clemencia que pide la Iglesia es un llamado a la generosidad humana. Nadie duda de la nobleza de este llamado y que éste será consedido en los casos en que el indulto sea una decisión legítima y razonable. Que no dañe sin embargo, más por el contrario, escuche, a los familiares de las víctimas de los crímenes en primer lugar.

Enlaces::
• Indulto: elogio a la impunidad, El quinto Poder
• Chile, una mesa para todos en el Bicentenario - Documento de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica - Indulto Bicentenario -21 de Julio 2010 - formato PDF, 5 páginas
• La propuesta de indulto a militares de Pinochet divide a Chile, por Soledad Gallego-Díaz, Buenos Aires, 23/07/2010

De manera simultánea y desde diversas perspectivas surgen iniciativas para el regreso de Honduras a la OEA: Arturo Valenzuela, del Departamento de Estado de Estados Unidos, declara que dicho regreso está avanzando y que es únicamente ‘cuestión de tiempo’. Insulza realiza gestiones casi anónimas con el presidente Porfirio Lobo. Pero también la derecha chilena – aquella heredera del dictador Pinochet –aboga por la pronta reincorporación o legitimación del gobierno del país donde hace un año un cuartelazo sacó al presidente en pijamas hacia Costa Rica y cuya Suprema preparó el terreno al general Romeo Vásquez y a Roberto Micheletti – copiando lo que más de treinta años antes había hecho la Suprema con Allende en Chile. Por su lado, el ex presidente Manuel Zelaya aún no decide su regreso al país.

Una buena parte de esas noticias sobre Honduras, en su entusiasmo, ya ni siquiera mencionan los DDHH, lo cual es  extraño en un continente donde este es, convengamos, hoy todavía frecuentemente y en muchos lugares, asunto de vida o muerte para opositores, defensores de DDHH, sindicalistas, representantes de minorías e, incluso, para periodistas críticos de los poderes establecidos. Honduras es un caso, por tanto, donde es necesario indagar en primer lugar por la situación actual de los DDHH – cómo por lo demás es también el caso de Cuba y Venezuela. Una comisión de verdad y reconciliación fue creada en acuerdo con el gobierno y la OEA. Sin embargo, la oposición – factor como sabemos importante en toda democracia, decidió crear su propia comisión. Y durante el primer semestre de gobierno de Porfirio Lobo, el país ha vivido transgresiones a los DDHH. Hace sólo algunas semanas, parlamentarios norteamericanos observaron la continuidad de las transgresiones a los DDHH. También la encargada para las Américas de Amnistía Internacional acusó transgresiones.

El problema inmediato no es si Honduras debe entrar a la OEA o a alguna asociación regional o reconocer su legitimidad. El gobierno debe allí garantizar los DDHH para ganarse su propia legitimidad. Por lo demás, no debe quedar en suspenso la importancia aplicada que le otorgan a los DDHH los actores actualmente involucrados en la situación internacional de Honduras. Porque por ahora la impresión es que estos derechos no son objetivo prioritario sino más bien molesta condición inescapable en estas negociaciones en curso y a obviar por medio de un trámite de comisión a probar en las condiciones políticas creadas tras el golpe de Estado.

La Sala Penal, bajo la presidencia del ministro Ballesteros, dilata resolver en el caso del asesinato del general Carlos Prats. Actitud que denota reticencia a juzgar a los militares que asesinaron al general - como si la decisión sobrepasara las capacidades de la Suprema.

Pero frente a la magnitud del crimen, esta dilación es una falta de criterio; el horror del doble crimen cometido en Buenos Aires por militares agentes de la dictadura debiera llamar a justicia. Ésta se ha hecho esperar 35 años y pretende, ahora sin justificación conocida y de manera desconcertante, alargar aún más la espera.

Como si el facismo de Pinochet y los suyos, que en aquellos años de crímenes de lesa humanidad paralizaba a la Suprema pesara aún. Hoy, esta dilación es inaceptable.

Un post de arturo durán. Las declaraciones de Miguel Otero, de defensa de la dictadura a más de veinte años de su fin, alertan de un proceso político inconcluso en el alma de la derecha chilena. Predecible – su conflicto kafkiano de identidad reaparece en el lugar menos indicado, en altas esferas del Estado y en conficto con el rol de embajador en Buenos Aires. Un encapsulamiento de la crisis generada, al declarar lo dicho por el embajador de asunto ‘personal’ sólo refuerza la paradoja. Podría significar, por ejemplo, un país gobernado por una élite que no ha abrazado completamente el espíritu democrático de la sociedad contemporánea que se funda en el reconocimiento de los DDHH y que cuenta con miembros prominentes, como Miguel Otero, representantes francos de un pasado de dictadura, con suficiente poder como para estremecer el presente.

No cabe duda que la derecha chilena ha evolucionado desde el pensamiento no democrático anterior - desde el fascismo, el pinochetismo e integrismo, hacia hábitos de democracia: Chile vive desde hace más de dos décadas en una democracia que se consolida. El cambio – anunciado por el presidente Piñera en su campaña – puede ser pertinente ahora, tras estas declaraciones: en la derecha. La gravedad de lo ocurrido deja una marca en las relaciones con Argentina – la paradoja chilena traspasó la frontera. Una razón más para que las derechas que hoy gobiernan refuercen sus procesos de modernización democrática post-dictadura.

¿Opiniones personales versus opiniones públicas? Tras sufrir el impacto de fuego amigo que significan las declaraciones del (ahora ex) embajador Otero, el presidente Piñera ha proclamado su compromiso con los DDHH, base sobre la que se construye la actual sociedad chilena. Repone lo que acaba de ser puesto brutalmente en duda: "Tenemos un compromiso firme con los DDHH" señala, en primera persona plural, refiriéndose al gobierno. Una declaración necesaria en vista de la confusión creada por la entrevista de Miguel Otero. Ya el presidente del Senado había criticado sin ambigüedades los dichos del embajador en Argentina. La periodista Mónica Gonzáles acierta cuando comenta que dado el impacto en Argentina y en Chile el caso marca un hito tras el cual ya no será posible defensa alguna de la dictadura desde un cargo oficial. Porque es probable que Otero, con su defensa de la dictadura, haya generado dudas acerca de las ideas y creencias políticas que gobiernan hoy a Chile con Sebastián Piñera. Se ha señalado que la respuesta del canciller Moreno no fue acertada, al calificar las declaraciones de ‘personales’. Hinde Pomeraniec, periodista de Clarín que realizó la entrevista aclaró ayer en respuesta al canciller que lo deja en incómodo entredicho, que ésta fue una entrevista realizada a Miguel Otero en tanto embajador, no sobre sus opiniones personales. El senador Allamand ha criticado hoy la calificación dado por el canciller: los embajadores – señala Allamand – no pueden tener opiniones personales. Una alerta, tal vez, para evitar futuras revelaciones.

Marcelo Cantelmi, también de Clarín, comenta que este caso deja entrever, tras la cáscara, el tipo de problema que aqueja al gobierno Piñera. La pregunta es ¿Cuántas autoridades piensan como Miguel Otero entre quienes gobiernan a Chile actualmente? De ser el caso ¿Viviremos con autoridades que tal vez tengan opiniones personales e íntimas respecto a los procesos de DDHH en curso, de la dictadura y de Pinochet que no se correspondan con los valores públicos que constituyen la sociedad chilena hoy? Miguel Otero es una persona próxima al presidente Piñera – y nadie se llama a engaño acerca de que dijo lo que piensa y cree. Y, sin embargo, fue nombrado embajador de Chile ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El efecto, como todo en nuestra era, es retroactivo. El presidente Piñera deberá corregir sus criterios de selección para nombrar su nuevo representante en Buenos Aires.

A dos décadas del fin de la dictadura y con miles de crímenes de lesa humanidad pendientes de justicia, en democracia, sin Pinochet pero con el caso Riggs aun pendiente, una breve pero ilustrativa entrevista del embajador de Chile en Argentina da luces sobre el estado del arte del entendimiento de la derecha sobre la historia inmediata de la dictadura; sobre un difícil y aún entonces pendiente reconocimiento del significado de los horrorosos crímenes legados por Pinochet. La entrevista del embajador es un testimonio, un documento.

La presidenta Cristina Fernández probablemente ha observado con preocupación las expresiones donde el embajador Otero relativiza valores de DDHH caros a la presidenta de un país donde los asuntos relativos a los crímenes de la dictadura se llevan de forma más clara que en Chile.

Ideas fijas acerca de las bondades de la dictadura de la elite política de derecha no representan, como lo ilustra este caso, el sentir del país. Miguel Otero se presentó en la entrevista tal cual es. No hay error ni de salida de contexto. El contraste no podría ser más claro - si se piensa en el gobierno de Michelle Bachelet.

Las palabras del embajador son un desafío. Deterioran el proceso de desarrollo político del país.

Tampoco bastan las mínimas declaraciones del canciller para superarlas. Para no quedar en entredicho el gobierno podría aclarar primero su propia postura.

Los grandes temas de la humanidad requieren de declaraciones, principios y testimonios claros.

Que la OEA se desentienda de la crisis abierta por el asalto a la flotilla humanitaria por Israel y de la muerte de los activistas de ONGs humanitarias - es una verguenza - ya el mismo presidente Obama la consideró una tragedia en un asunto que, sin embargo, el Departamento de Estado, el Vicepresidente Biden y el presidente parecen tener opiniones distintas. Los gobiernos latinoamericanos han declarado su reprobación: el silencio de la OEA resulta ofensivo. Es probablemente señal de una innecesaria inhibición política internacional de la región. Legado, tal vez, del siglo pasado.

El gran desafío de la OEA para este año es asegurar por todos lo medios que las próximas elecciones de Septiembre en Venezuela se puedan realizar en condiciones de libertad política democrática para la oposición. Marcarán un hito decisivo para América Latina y el Caribe. La relativa normalización democrática que significa el retorno de la oposición a las elecciones y a la Asamblea Nacional plantea desafíos de contención a los abusos de poder del presidente Chávez que la OEA podría encarar.

Así lo hacía entender Insulza al postular a la reelección: aseguraría condiciones democráticas regionales.

Tanto o más importante es el desafío que plantea la situación de los DDHH en Cuba - con el agravante de que allí - la intransigencia y arbitrariedad del gobierno mantiene una situación que ahora sólo la Iglesia ha logrado 'humanizar' tras la muerte de un disidente preso político en huelga de hambre - Orlando Zapata. La parálisis regional cuando se trata de las libertades en Cuba es insostenible.

Son conocidos los temas de debate en curso. Sin embargo éstos no siempre corresponden con aquellos que ocupan al continente de manera decisiva. La OEA parece decidida a evitar líos, con el riesgo de pasar a ser una convocatoria más de las muchas que reúnen regularmente a autoridades regionales y que pasan sin impacto conocido.

Entre los temas actuales está Honduras, que tanto la Secretaria de Estado Hillary Clinton como el Secretario General de la OEA Insulza quieren ver de regreso a la OEA no obstante las constantes transgresiones a los DDHH: desde asesinatos de periodistas a despidos de jueces. Lobo no es Micheletti, pero debiera asegurar los DDHH en el país y la OEA garantizar la realidad de éstos.

Perú plantea limitar el armamentismo regional y Chile, en vista del diferendo, responde con una propuesta de mayor transparencia. Argentina aboga por las Malvinas, pero Estados Unidos no concuerda – señala la corresponsal Ana Baron en Clarín.

México aboga por mayor cooperación contra el tráfico de armas. Los cárteles se proveen en Estados Unidos de armamento sofisticado. El poder de fuego del narcotráfico es uno de los grandes problemas. Insulza sabe que la lucha contra el narcotráfico es clave para el desarrollo político de la región: por su poder corruptor del Estado, como lo ilustra la parapolítica en Colombia. Ha reconvertido a narcoguerrilla a las FARC y a los restos de Sendero en Perú y aumentado los cultivos en Perú y Bolivia. Cuenta con una red continental que acelera la violencia y el crimen por todos lados y en toda la región. La CIDH nos  señala como la región de mayor tasa de homicidio del mundo.

La gran ausencia de la Asamblea: Lula. Sin Brasil la OEA se ve disminuida. Es Brasil el país cuyo liderazgo actual redefine asuntos, negociaciones y conflictos en el contexto internacional. Las tensiones recientes con Estados Unidos en temas internacionales – de las negociaciones con Irán - son públicas. Tenemos entonces que Estados Unidos y Brasil son actores internacionales. ¿La OEA no se interesa?